En esta foto del 15 de octubre de 2006, el entonces gobernador del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Andrés Rafael Granier saluda después de votar en un centro de sufragio en Villahermosa, en el estado Tabasco, Mexico. Los escándalos de corrupción no son nada nuevo en la política mexicana. En el caso más reciente, el ex gobernador Granier, fue acusado la semana pasada de lavado de dinero y defraudación fiscal y el miércoles 26 de junio de 2013 amaneció en una prisión de la ciudad de México. (AP Photo/Marco Ugarte, File)
MEXICO (AP) — Parece casi un escándalo al día en México: un ex gobernador enviado a prisión, otro bajo investigación, dinero misterioso que aparece en las cuentas de senadores, políticos que reciben fajos de billetes.
Los escándalos no son nada nuevo en la política mexicana, pero el ritmo de las revelaciones se ha acelerado en un país donde las condiciones de acceso a la información han mejorado, los ciudadanos usan cada vez más las redes sociales y grupos de la sociedad civil están más atentos a la actuación de las autoridades y han tratado de llevar a los corruptos a la justicia o, al menos, avergonzarlos en público.
Mucha de la atención se ha enfocado en los escándalos de corrupción que ocurren a nivel estatal, donde la poderosa influencia de los gobernadores ha permitido por años enmascarar irregularidades.
En el caso más reciente, el ex gobernador del estado sureño de Tabasco, Andrés Granier, fue acusado la semana pasada de lavado de dinero y fraude fiscal y el miércoles amaneció en una prisión de la ciudad de México. La jueza que sigue el proceso le informó que entre las acusaciones está el uso de recursos de procedencia ilícita por poco más 2,6 millones de dólares.
Granier dejó su estado con un desastre financiero, según el gobernador que lo reemplazó e inició una investigación. Autoridades federales también comenzaron una indagatoria propia por el presunto desvío de al menos unos 156 millones de dólares de recursos públicos que no fueron usados en programas sociales.
Mientras, las críticas en contra del ex mandatario estatal se encendieron cuando en las últimas semanas fue divulgado un audio en el que Granier presume poseer cientos de trajes y zapatos, miles de camisas, además de irse de compras a Beverly Hills.
El ex mandatario estatal, de 65 años, militante del gobernante Partido Revolucionario Institucional, ha dicho que no existe ninguna irregularidad y que la grabación muestra no más que una charla de borrachos.
Pero cuando regresó de Miami, donde tiene una casa, a enfrentar las acusaciones en México, varios investigadores lo interrogaron durante horas y luego lo encarcelaron.
Incluso, miembros del PRI se distanciaron de él.
La reputación de Granier tampoco ayudó a que los fiscales de Tabasco, el mes pasado, reportaran haber encontrado alrededor de 7 millones de dólares en efectivo en una oficina utilizada por quien había sido su tesorero de estado. El abogado del funcionario insistió en que los fajos de billetes habían llegado allí de manera legal y que su cliente es una persona rica.
Pero este es apenas uno de los casos de corrupción que rondan las primeras planas de los periódicos.
El diario Reforma publicó que la Procuraduría General de la República investiga a Luis Armando Reynoso López, hijo de 26 años del ex gobernador del estado central de Aguascalientes, por presunto enriquecimiento ilícito tras haber recibido depósitos por al menos 4,3 millones de dólares en los últimos tres años del gobierno de su padre, que lleva el mismo nombre.
Un funcionario de la Procuraduría, quien no autorizó a ser identificado por estar familiarizado con una investigación en curso, dijo a The Associated Press que la dependencia indaga a Reynoso López por presunto lavado de dinero.
Esta semana, el diario Reforma divulgó que Reynoso López adquirió cuatro casas, un terreno de 26 hectáreas y un predio para uso industrial en San Antonio, Texas.
Tras una búsqueda en registros de propiedad en San Antonio, la AP encontró tres propiedades a nombre de Luis Armando Reynoso López: un predio con valor estimado de 19.330 dólares; otro con valor de 126.350 dólares y un inmueble con valor por 999.460 dólares.
El funcionario de la Procuraduría federal, que confirmó la investigación que se le sigue al joven, dijo que esa entidad no tiene abierta ninguna indagatoria contra el ex gobernador Reynoso Femat, quien fue elegido para el cargo como miembro del conservador Partido Acción Nacional.
La fiscalía de Aguascalientes, sin embargo, ha dicho que sí indaga al ex gobernador por posibles irregularidades durante su mandato.
Reynoso Femat ha rechazado también cualquier presunta irregularidad cometida por él o por su hijo.
Días después, la prensa mexicana publicó que en la cuenta bancaria de cada uno de los 38 senadores del Partido Acción Nacional apareció un depósito de unos 32.000 dólares, en un aparente movimiento irregular del que algunos responsabilizaron a quien fuera su coordinador, Ernesto Cordero.
Los legisladores se mostraron sorprendidos y varios anunciaron de inmediato que devolverían el dinero. El 19 de junio Cordero, ex secretario de Hacienda del gobierno anterior del PAN, encabezado por el ex presidente Felipe Calderón, negó haber autorizado ese reparto.
Casi enseguida, los diarios retomaron un video de Youtube, presuntamente grabado en 2010, en el que se ve al actual alcalde de Cancún, Julián Ricalde, recibiendo fajos de billetes de su antecesor Jaime Hernández.
Ricalde, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, reconoció haber recibido el dinero pero aseguró que era para gastos de la transición del gobierno, aunque Hernández lo contradijo cuando señaló que iba a ser utilizado para el pago de una presunta extorsión.
“La parte importante de todo esto es cómo son ejemplos de la fragilidad de la estructura de rendición de cuentas en cada uno de los estados”, dijo Alejandra Ríos Cázares, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Mientras a nivel federal los últimos 15 años han visto mejoras en la rendición de cuentas federal, al punto de que ahora se puede encontrar en internet los salarios de los funcionarios o el avance en la aplicación de recursos en programas, en los estados las reglas aún permiten la opacidad.
En los últimos años se aprobó una ley para que los estados divulguen información sobre recursos federales recibidos pero su aplicación se ha ido prorrogando por los gobernantes estatales.
En un país que por siete décadas, hasta 2000, tuvo un gobierno hegemónico del PRI, acusado una y otra vez de corrupción, es común escuchar que las prácticas corruptas están más asociadas a ese partido, pero la historia reciente ha mostrado que ninguna agrupación política es inmune.
Para Ricardo Corona, del Instituto Mexicano de la Competitividad, y quien se ha dedicado a revisar el manejo de las finanzas públicas estatales y municipales por años, dice que más allá de los partidos y las personas, el sistema de manejo de los recursos a nivel estatal y local explican en mucho esas actuaciones. “Tienes un margen de acción discrecional y opaca… tienes incentivos como gobernante porque sabes que el nivel sancionatorio es bajo”.
Para el analista político José Antonio Crespo, la corrupción “se democratizó” y afecta a cualquier partido.
“Para tener la corrupción hay que estar donde hay los recursos y en la medida en que el PAN y el PRD tuvieron acceso a eso, también se corrompieron”, dijo.
Hasta ahora se han visto pocos avances institucionales que incluyan sanciones contra funcionarios corruptos. Así, los ciudadanos desconfían y se alejan de la clase política.
Un ejemplo de esa apatía política, dijo Crespo, es el lanzamiento de un grupo de amigos en la capital del estado de Veracruz de un gato como candidato a alcalde: el candigato Morris, que ha sido una sensación en las redes sociales con más de 115.000 seguidores en Facebook.
“Esta sociedad ha estado tan lastimada de corrupción y tan lastimada de ver situaciones tan oprobiosas, que creo que buscamos sangre”, dijo el experto Ríos. “Queremos ver a Granier colgado del dedo del pie en algún lugar y no necesariamente estamos buscando el sentido general de justicia o más puro de justicia”.
